Tucumán habría dejado de percibir $36.041 millones por la retención nacional de los fondos del impuesto a los combustibles

Tucumán dejó de recibir aproximadamente $36.041 millones entre enero y julio de 2026 debido a la decisión del Gobierno Nacional de retener el 35,44% de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos en inversiones financieras para sostener el equilibrio fiscal. Esta cifra surge de un ejercicio proyectado que aplica los coeficientes de coparticipación federal a recursos que hoy se encuentran bajo administración del Ministerio de Economía en fondos específicos. Ante este escenario, el legislador José Cano denunció la “retención indebida” de esta multimillonaria caja y advirtió que, a pesar de que el tributo acumula un incremento superior al 400%, los fondos no retornan a las provincias en obras de mantenimiento para la red vial.

De acuerdo con un relevamiento de la consultora Galois, la masa total de recursos no transferidos a las 24 jurisdicciones argentinas alcanzó los $784.290 millones en el primer semestre. En este ranking de afectación, Tucumán aparece en la sexta posición a nivel federal, solo por detrás de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos. Al referirse a esta situación, Cano sostuvo que los recursos "recaudados mediante este impuesto deberían haberse destinado de manera transparente al mantenimiento de la infraestructura vial”.

El parlamentario resaltó que el monto retenido habría permitido la reparación de más de 26.000 kilómetros de rutas en todo el país. No obstante, Cano fue categórico al señalar que “esos recursos están siendo retenidos por el Ministerio de Economía de la Nación y hasta hoy no se destinó un solo peso a obras viales”.

Estrategia fiscal y consecuencias humanas

El 35,44% del impuesto utilizado para el cálculo de distribución corresponde legalmente a tres destinos: el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (4,31%), el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (28,58%) y la compensación al transporte público (2,55%). Sin embargo, el Gobierno Nacional optó por mantener estos activos en el mercado financiero. Al respecto, el vocero de la Casa Rosada, Adrián Ravier, admitió que estos recursos se computan para alcanzar la meta de equilibrio fiscal.

Frente a esta política, Cano advirtió que el desvío de los fondos con asignación específica conlleva un costo que excede lo contable. “La consecuencia directa de haber malversado esos fondos públicos y no haberlos aplicado a la afectación específica que impone la ley, la pagamos con vidas humanas. La siniestralidad vial se disparó porque transitar por nuestras rutas se convirtió en una trampa mortal”, aseveró el legislador.

La disputa por estos recursos reconoce un antecedente en el año 2025, cuando un grupo de gobernadores impulsó un proyecto de ley para elevar la participación provincial en el impuesto a los combustibles al 57,02%. Aunque la iniciativa obtuvo media sanción en el Senado por una amplia mayoría, fracasó en la Cámara de Diputados al no alcanzar los votos necesarios para reformar el esquema de coparticipación.

En este marco de tensión entre la Nación y las provincias, el parlamentario tucumano apuntó contra la pasividad de los mandatarios y representantes legislativos: “Lo lamentable es que los gobiernos provinciales, diputados y senadores nacionales no le reclamen al Ejecutivo Nacional que aplique lo recaudado”. Para Cano, la defensa de los intereses locales es fundamental, ya que “este impuesto lo pagamos todos los argentinos cuando cargamos nafta. Defender el federalismo también es exigir que los recursos de la gente no terminen en una caja negra y vuelvan en obras de seguridad”.